La educación es un derecho fundamental recogido en el articulo 13 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, cuya tutela y protección compete a las Instituciones Públicas. En este ámbito el Defensor del Pueblo ya ha recomendado a la Administración algunas situaciones que se han dado con respecto a ciertos grupos sociales, como el caso de las niñas embarazadas a las que el Ministerio prohibió su asistencia a las escuelas, que fue rápidamente abordado para mantener el interés y el derecho a la educación de éstas por encima del resto de consideraciones, conforme prevén las leyes.

En esta línea, la Institución ya instó a la Administración a reformar los espacios comunes de los colegios públicos con el propósito de dotar a los alumnos de unos espacios saludables y equipos apropiados.

Varias han sido las recomendaciones y sugerencias a las autoridades competentes para mejorar la gestión del personal educativo y la necesidad de incluir en el currículo educativo una asignatura sobre formación cívico social de carácter no partidista.

Ahora la Institución trabaja en un programa piloto que pretende implementar en los Centros Públicos llamado “Educa-libre”: se trata de un programa basado en la técnica de IAP (investigación Acción Participativa) sobre la importancia de la educación misma, el fomento de la participación en labores comunes en los colegios, la ayuda al compañero, entre otras cuestiones orientadas a la consolidación de una convivencia mejor y democrática.